Estos acuerdos tienen como objetivo liberar los intercambios entre los 28 países de la UE y los 77 países de la ACP. La puesta en competencia de economías tan desiguales se hará necesariamente en detrimento de los pueblos más pobres. Esto pone en tela de juicio toda perspectiva de desarrollo de los países de África, del Caribe y del Pacífico.
Hasta junio de 2000, las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los países de Africa-Caribe-Pacífico estaban basadas en un sistema de “preferencias no recíprocas”, es decir, que la mayoría de los productos industriales y agrícolas de los países ACP entraban libremente, y sin contrapartida, a los mercados europeos.
El balance de este régimen comercial, único en su género es decepcionante, en términos de desarrollo de los países ACP: ciertos sectores en efecto se han beneficiado por el acceso al mercado europeo pero, globalmente, la porción de mercado de los países ACP en el mercado europeo pasó de 6,7% en 1976 a 2,8% en 1996. Sobre todo esto ha provocado una fuerte especialización de las exportaciones de los ACP, concentradas sobre una pequeña decena de productos, principalmente agrícolas. El entramado industrial de los países involucrados se ha desarrollado poco o nada, y la capacidad productiva ha quedado limitada en cantidad y en calidad. Las normas europeas no han cesado de endurecerse, mientras que la liberación mundial de intercambio –y por lo tanto la baja generalizada de los aranceles aduaneros europeos- redujeron de hecho las ventajas comerciales de las que se beneficiaban estos países con respecto a otros exportadores.
Del lado europeo, estas negociaciones comerciales son manejadas por la Comisión, dentro de la más grande opacidad, sin un control verdadero, particularmente de los parlamentos nacionales y europeos. Para la Comisión europea, los ACE favorecerían el desarrollo, a través de la liberalización de los intercambios y la implementación de un contexto adecuado para atraer las inversiones. De acuerdo con el enfoque de la Comisión, gracias a las zonas de libre cambio, los países ACP se beneficiarían de las ventajas del desarrollo del comercio, del crecimiento económico y por lo tanto, de manera lineal, del desarrollo y de la reducción de la pobreza.
Se sabe sin embargo que el vínculo entre liberalización del intercambio, crecimiento económico y desarrollo es puramente teórico. Para los países más pobres, la liberalización de los mercados puede tener consecuencias sociales dramáticas…
La Comisión Europea, que desea lograr a toda costa la firma de estos acuerdos de asociación económica antes del fin del año 2014, multiplica las presiones sobre estos asociados ACP, incluso condicionando su ayuda pública, para acelerar los procesos de integración regionales. Por el lado de los gobiernos de África Occidental, las posiciones públicas, individuales y colectivas han dado prioridad a las reservas de los países con respecto al contenido actual de las negociaciones. Las tentativas de integraciones regionales en curso se encuentran así “tomadas como rehenes” por las perspectivas de las firmas de los ACE, los contenidos de las negociaciones son utilizadas de manera diferente y múltiples configuraciones regionales políticas e históricas son distorsionadas.
La firma de los ACE acarrearía inevitablemente una reducción de la capacidad de intervención de los Estados de los países ACP. Los derechos aduaneros constituyen una parte muy significativa de los ingresos de los gobiernos en África Occidental (23% de los ingresos del Estado para Mali en 2002-2003, 35 al 40% para Benin, casi 15% de promedio para la zona CEDEAO). La primera consecuencia de la firma de los ACE será una baja en los recursos fiscales y por lo tanto una reducción de la capacidad de intervención de los Estados.
Siendo la Unión Europea uno de los principales proveedores de África Occidental, la liberalización de los intercambios entre los diferentes mercados comunes es susceptible de degradar de manera muy importante las finanzas públicas de los Estados. La capacidad de financiamiento de las inversiones (sectores sociales, infraestructuras, etc.) será directamente afectada e impulsada hacia abajo. Una rebaja significativa de los recursos fiscales de los estados ACP que no fuera compensada de otra manera tendría actualmente consecuencias dramáticas en términos de empleo (público y privado), de acceso de la población a los servicios básicos (educación, salud, agua potable y saneamiento, energía, etc.) y de amenaza de sumergir a estos países en una nueva espiral de sobre-endeudamiento.
Los ACE son igualmente una amenaza para la soberanía alimentaria de los países ACP. Para las economías europeas, el impacto de la firma de los acuerdos de libre intercambio con los países de África será verdaderamente limitado dado que la mayor parte de los productos de estos países disponen ya de un acceso privilegiado al mercado de la Unión Europea. Por otro lado, los ACE no abrirán muchas oportunidades de exportación a los países africanos en dirección hacia la UE dado que, actualmente, el freno al acceso al mercado de la UE no es en realidad tarifario sino que depende en mayor medida de la capacidad de las empresas de proponer sus productos adaptados a las exigencias del mercado europeo (normas, productividad, etc.)
En Europa, la productividad de la agricultura es elevada, los agricultores reciben subsidios y una parte de las exportaciones está constituida por subproductos de la agricultura y de las industrias agro-alimentarias (menudencias de aves, por ejemplo) todo esto permite por lo tanto que Europa exporte su producción alimentaria hacia los países ACP a precios muy competitivos. Estas exportaciones generan a menudo una presión a la baja sobre los precios de los mercados internos de los países ACP, a expensas de los productores, del desarrollo de la agricultura y de la seguridad alimentaria. Es por ello que las regiones ACP deben poder proteger y regular sus mercados.
La apertura a los productos europeos tendrá igualmente consecuencias negativas sobre el sector industrial de los países ACP. Si unos pocos países ACP han logrado desarrollar algunas industrias nacionales, es especialmente gracias a una política de protección económica de estos sectores. El cese de estas protecciones corre el riesgo de provocar un impacto industrial ,una vez más, con consecuencias importantes en términos de empleo. La apuesta en estos países, es, por lo tanto, el desarrollo de las industrias de transformación existentes y el permitir la emergencia de industrias de transformación nuevas.
Los países ACP por otro lado se han liberado mucho de sus servicios en el marco de los programas de ajuste estructural, muy frecuentemente en beneficio de empresas europeas. En los sectores bancarios, de las aseguradoras, de las telecomunicaciones, de la distribución del agua y de la electricidad, etc., las multinacionales, principalmente europeas, se encuentran en situación dominante o de casi-monopolio. La continuidad de esta liberación de los servicios en el marco de los ACE, que incluirían la salud y la educación, culminaría con la mercantilización de los servicios en beneficio del sector privado extranjero. Por otro lado, la voluntad de la UE de imponer la liberalización de los mercados públicos y de las inversiones, se enfrenta con el acuerdo decidido en la OMC de no incluir, por el momento, estas medidas dentro de las negociaciones comerciales internacionales.
Finalmente, los ACE parecieran servir sobre todo a los intereses económicos de la UE y de ciertas empresas de los países ACP que exportan hacia la UE, en detrimento del mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población de los países ACP y de la disminución de las desigualdades.
Es por ello indispensable desarrollar la movilización para romper con los fundamentos libre-cambistas de los ACE y reorientar fundamentalmente las negociaciones actuales.
Es necesario afirmar públicamente:
- Que el plazo para fines de 2014 para la conclusión de los acuerdos es insostenible.
- La prioridad de la consolidación de la integración regional de los ACP, sin presión exterior pero con el apoyo institucional y financiero de la Unión Europea. Las negociaciones para la integración regional deben tener más en cuenta las disparidades de desarrollo y las estructuras de producción de los países de una misma región.
- La aceptación, de parte de la Unión Europea, de que los países ACP protejan sus mercados, principalmente agrícolas, por tanto tiempo como lo exijan las necesidades de desarrollo económico y social de estos países.
- La integración, dentro de las negociaciones, del aspecto social, en particular la garantía de la aplicación de los derechos sociales fundamentales, de los programas de promoción del empleo decente, de la educación y de la formación, de la protección social y de las políticas redistributivas. Todo acuerdo entre la Unión Europea y los países ACP debe garantizar la primacía de los derechos humanos y de los derechos sociales fundamentales por encima de cualquier aspecto comercial o financiero.
- El rechazo de una profundización de la liberalización del sector de servicios, de los mercados públicos y de las inversiones. La Unión Europea no debe imponer a los países ACP una extensión del campo de la liberalización de los intercambios ya rechazada por los países de África occidental durante las negociaciones precedentes.
- La necesidad de movilizar medios adicionales para los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) a fin de que la ayuda actual de la Unión Europea a los sectores sociales o productivos no se vea reducida para reforzar la ayuda al comercio o al ajuste estructural de las economías ACP. La Unión Europea debe especialmente asegurar la compensación, por medio de financiamientos suplementarios, de eventuales pérdidas aduaneras resultantes de los ACE. La ayuda europea no debe, de ninguna manera, servir de moneda de cambio y ser condicionada a la firma de los ACE.
- Profundización de los mecanismos de consulta y de participación de la sociedad civil (organizaciones sindicales y campesinas, movimientos femeninos, ONGs, etc.) a todo nivel durante las negociaciones, con un control efectivo de los funcionarios ACP y europeos sobre el contenido de las negociaciones de los ACE.
- Una reformulación de las reglas de la OMC, que sostenga en particular las propuestas de los ACP de una revisión del artículo XXIV del GATT, que define los acuerdos de libre-cambio regionales, para introducir en el mismo un tratamiento especial y diferenciado.
En este contexto, Alter Summit estima que la Comisión y los estados miembros de la Unión Europea deben comprometerse, en sustitución de los ACE, a la negociación de los Acuerdos de Cooperación y de Solidaridad que estén basados en el libre intercambio. De tales acuerdos debería surgir como objetivo la puesta en práctica de los derechos humanos en los países ACP y, en particular, de los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho de los grupos regionales de proteger y regular sus mercados debería ser plenamente reconocido, especialmente para los productos agrícolas y alimenticios. La autonomía política de los países y las regiones ACP y su capacidad para disponer de sus recursos financieros y para luchar contra la evasión fiscal no deberían ser entorpecidos, sino, por el contrario, sostenidos y esto dentro del interés de sus pueblos.
Matthieu Moriamez, CGT (Francia), octubre 2014
Traducción: Cristina Zuppa, Coorditrad
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